Actualmente, muchos condóminos enfrentan una situación preocupante: las administraciones están imponiendo multas y sanciones de manera arbitraria, sin fundamento en el reglamento del condominio ni aprobación previa de la Asamblea.
El Proyecto de Ley 24.640: una reforma que genera más dudas que soluciones
En lugar de resolver estos abusos, el Proyecto de Ley 24.640, actualmente en discusión en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, podría agravar la situación. Este proyecto, que es una reforma casi general a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio actual, introduce disposiciones que permitirían a las administraciones actuar con aún mayor discrecionalidad, sin la necesidad de contar con el respaldo y ni siquiera el conocimiento, de la Asamblea, ni de cumplir con los procedimientos establecidos.
Entre los puntos más cuestionados del Proyecto de Ley 24.640 destacan:
Estas modificaciones, de aprobarse, reducirían significativamente la capacidad de los condóminos de ejercer vigilancia, control y participación efectiva en los asuntos comunes. En la práctica, se consolidaría un modelo de administración vertical, con menos controles y mayor poder concentrado en manos del administrador.
El impacto para las comunidades y la vida en condominio
Una administración sin contrapesos puede afectar negativamente la convivencia, generar conflictos internos, y aumentar el riesgo de mal manejo de recursos. Los condóminos no solo quedarían más expuestos a sanciones arbitrarias, sino también a decisiones legales y financieras que podrían comprometer el patrimonio común sin su conocimiento o consentimiento.
El Proyecto de Ley 24.640 invierte el principio de que la administración debe estar al servicio de los condóminos, y consolida un modelo en el que los condóminos quedan subordinados a decisiones arbitrarias de la administración. Esto podría traducirse en el uso de recursos comunes sin control efectivo, la toma de decisiones sin conocimiento ni consentimiento de los propietarios, y una creciente desconexión entre los intereses de la administración y los propietarios. En la práctica, esto puede llevar a decisiones que no representan lo que quieren los condóminos, e incluso que van en contra de sus intereses.
Lejos de corregir estas prácticas, el Proyecto de Ley 24.640 tiende a legalizarlas y reforzarlas, otorgando aún más poder a las administraciones y debilitando los mecanismos de participación y control por parte de los propietarios dentro del condominio.
La discusión del Proyecto de Ley 24.640 representa una oportunidad clave para revisar y corregir los desequilibrios actuales, pero debe hacerse con plena conciencia de sus implicaciones. Cualquier reforma legislativa debe priorizar el equilibrio entre eficiencia en la gestión y respeto por los derechos de todos los condóminos.
