El Proyecto de Ley 24.640, actualmente en discusión en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, plantea cambios significativos en el régimen de propiedad en condominio que han generado preocupación entre condóminos, diputados y expertos legales.
Uno de los puntos más polémicos es que el proyecto permitiría modificar las características del condominio sin el consentimiento individual del condómino, incluso con efecto retroactivo. Esto incluye la posibilidad de que un condominio sea dividido, fusionado con otro, o incorporado a otras fincas, sin requerir la aprobación expresa del condómino afectado.
¿Qué implicaciones tiene esto para los condóminos?
Cada persona elige su hogar según sus posibilidades y preferencias: hay quienes buscan un condominio con amplias áreas comunes como piscina, gimnasio, casa club o canchas deportivas, y hay quienes prefieren un condominio más sencillo y tranquilo, en parte por el impacto en la cuota mensual, o el costo de mantenimiento de las áreas comunes que nunca utiliza.
Por ejemplo, una persona puede haber comprado en un condominio sin áreas recreativas precisamente para mantener una cuota más baja o simplemente por que no le intersa, o desea un ambiente de mayor calma y silencio. Sin embargo, con la nueva propuesta legal, esa propiedad podría ser fusionada con otro condominio que sí cuente con instalaciones más costosas, lo que implicaría automáticamente un aumento en la cuota mensual y además cambiaria las condiciones que precisamente quiso evitar.
Preocupación creciente
Esta posibilidad de modificar las condiciones bajo las cuales se adquirió una propiedad ha generado preocupación no solo entre los condóminos afectados, sino también en el ámbito legislativo. Varios diputados han expresado públicamente su inquietud sobre las implicaciones del proyecto, y el tema ya ha comenzado a abordarse en espacios de análisis, noticieros de canales de televisión nacionales y otros medios de comunicación de gran alcance. Este debate está tomando fuerza en la opinión pública debido al impacto potencial que tendría sobre cientos de miles de familias que adquirieron su vivienda bajo reglas claras, hoy en riesgo de ser modificadas sin su consentimiento y con efectos retroactivos.
