La legislación actual ha permitido el desarrollo de más de cinco mil condominios en el país, creando un marco estable para miles de propietarios. Si se considera una reforma, esta debe ser cuidadosamente analizada y equilibrada para garantizar que fortalezca el modelo de propiedad en condominio sin generar impactos negativos.
Tenemos serias preocupaciones sobre el proyecto de ley 24.640 en su redacción actual, ya que representa un riesgo para los condóminos, afectando su derecho de propiedad y su seguridad jurídica. La seguridad jurídica en los condominios se refiere a la certeza y estabilidad en las normas que regulan la propiedad y derechos de los condóminos. Un principio clave es Inmutabilidad de los derechos adquiridos: No se deben modificar las características esenciales de una propiedad sin el consentimiento del propietario.
El proyecto de la Ley permitiría a los desarrolladores modificar condominios ya existentes e inscritos en el Registro Nacional, alterando radicalmente las características de la propiedad sin el consentimiento de todos los propietarios. Esto afectaría las condiciones bajo las cuales cientos de miles de condóminos adquirieron su derecho de propiedad.
Mediante la nueva figura del «condominio maestro», se abriría la posibilidad de modificar derechos de propiedad de manera retroactiva. Esto otorgaría a algunos desarrolladores, que ya desarrollararon y vendieron estos proyectos bajo ciertas condiciones claramente delimitadas, una nueva oportunidad para cambiar la estructura registral, afectando los derechos de los actuales condóminos.
El proyecto también permite la introducción de cambios registrales que afectan el derecho de propiedad, facilitando la imposición forzosa de la unificación de un condominio con otros condominios, fincas sin régimen de condominio o cualquier otra propiedad, sin tener que ser colindantes, ¡además! Con el voto de la mayoría, se pueden unificar, dividir o anexar propiedades, incluso si un propietario individual se opone. Es decir, su propiedad podría ser modificada sin su consentimiento, exponiendo a los condóminos, nacionales o extranjeros, a situaciones desfavorables. Incluso, conlleva el peligro de insolvencia para los condóminos, quienes podrían verse obligados a asumir gastos adicionales derivados de una fusión arbitraria con otro condominio.
El proyecto también genera incertidumbre en el mercado inmobiliario, afectando especialmente el desarrollo y la inversión en propiedades en condominios, tanto a nivel local como extranjero, así como la estabilidad del sector hipotecario y a terceros, como las entidades financieras que respaldan los créditos con los que muchas personas adquieren sus propiedades.
